Más del 16% de los 80 diputados están en la mira del Poder Judicial

Solo uno de ellos, José María Ibáñez, dejó su banca, mientras que otros buscan con chicanas frenar sus casos. Los colorados encabezan la lista con mayor número de imputados y denunciados.

Con cada periodo parlamentario que se inicia, el Congreso Nacional se va degradando un poco más en cuanto al nivel de sus representantes y el del 2018-2023 no es la excepción. Al contrario, simplemente confirma la regla.

En ese sentido, como nunca antes, el número de legisladores con problemas judiciales va en aumento y en la Cámara de Diputados, entre imputados, acusados y denunciados, hacen un total de 13, lo que representa más del 16% del total de los 80 parlamentarios con que cuenta la Cámara Baja.

Los casos judiciales que enfrentan los diputados son de todo tipo, pero en la mayoría de los casos son por hechos de corrupción, desarrollados durante alguna administración en la gestión pública, ocupando otros cargos electivos o ya como legisladores.

Uno de los casos más emblemáticos es el del colorado José María Ibáñez, quien se vio obligado a renunciar a su banca después de reconocer que cometió un delito, al contratar como funcionarios de la cámara a tres de sus caseros, que cumplían sus labores en la quinta del ahora ex diputado, pero percibían sus salarios del Estado.

Denunciado por un caso similar está el también colorado Tomás Rivas, quien consiguió que tres personas que realizan trabajos en su residencia sean contratadas y pagadas como funcionarios de la sede parlamentaria.

Rivas, por medio de reiteradas chicanas, hasta la fecha logró que se frene su desafuero y que la investigación en su contra no pueda avanzar en el Ministerio Público.

MÁS COLORADOS. Otro sonado caso es el del colorado Ulises Quintana (ANR), con prisión preventiva, imputado por varios hechos delictivos por su conexión con el supuesto narco Javier Cabaña, alias Cucho.

Quintana, que tras haber sido despojado de sus fueros fue detenido, solicitó la semana pasada un permiso como legislador.

Asumió en su reemplazo Rocío Abed de Zacarías. Su esposo es el diputado Justo Zacarías Irún, que también fue denunciado ante la Contraloría General de la República por 18 presuntos hechos de corrupción y en el Ministerio Público por lesión de confianza, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y asociación criminal.

Carlos Núñez Salinas es otro que se vale de chicanas para que su proceso no avance. Está acusado por contrabando y ya pasó más de cinco años frenando el caso.

Marlene Ocampo y Luis Urbieta fueron denunciados por irregularidades de cuando se desempeñaban como gobernadores, de Alto Paraguay y Concepción, respectivamente. En igual situación está Miguel Cuevas, actual presidente de la Cámara Baja. La investigación en su contra, tras reiteradas denuncias, se inició el viernes pasado. Mientras que la denuncia contra Hugo Ramírez está en espera.

Los liberales tampoco están ajenos a las denuncias y las encabeza Carlos Portillo, cuyo pedido de pérdida de investidura por tráfico de influencias está pendiente de definición en Diputados.

El también liberal Teófilo Espínola fue imputado por lesión de confianza y ya está sin sus fueros.

En cuanto a los partidos minoritarios, Jorge Brítez, de Cruzada Nacional, fue imputado por la pintata de una sede del Ministerio Público. Su desafuero ya fue solicitado.

La encuentrista Kattya González fue denunciada recientemente por un supuesto caso de tráfico de influencias.

Las bancadas coloradas pretenden que la legisladora también pierda su investidura.

 
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