Gremios de abogados instan a que se trate caso de Ibáí±ez

Gremios de abogados instan a que se trate caso de Ibáí±ez

El Colegio de Abogados del Paraguay y la Coordinadora de Abogados del Paraguay, por medio de comunicados, instan a los diputados a llevar adelante el proceso de pérdida de investidura del colorado José Marí­a Ibáí±ez, que se declaró culpable de los delitos por los que lo acusó la Fiscalí­a. Asimismo lamentan la decisión asumida por la Justicia.

Los abogados sostienen que la conducta del diputado Ibáñez es reprochable desde todo punto de vista. Mencionan que el mismo legislador admitió los hechos que se le atribuyeron en la investigación penal y “el hecho de que siga siendo un miembro del Congreso de la Nación constituye una afrenta a los ciudadanos honestos, quienes no pueden tener como congresista a una persona cuya honorabilidad ha sido puesta en tela de juicio con las conductas por él asumidas”, dice una parte del documento.

Los letrados expresan que resulta más que necesario, por el bien del país e ínterin se analizan proyectos legislativos para la moralización de la función pública, adoptar las medidas necesarias para evitar que personas con antecedentes que los descalifican moralmente, sigan ocupando cargos públicos.“Más allá de la responsabilidad civil o penal del mismo (Ibáñez), su responsabilidad política debe ser evaluada y juzgada en este caso y, por ende, el Colegio de Abogados apoya la aplicación del artículo 201 de la Constitución, solicitando a los diputados que asuman su responsabilidad histórica y traten sin demora la pérdida de investidura de su colega”, continúa el comunicado.Apuntan a que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es clara respecto a que una salida alternativa al proceso penal otorgada a un funcionario, no impide su destitución.

RECHAZO. Por su lado, desde la Coordinadora expresan que la conducta del juez Julián López y de la fiscala Victoria Acuña merece la más fuerte condena y rechazo “por su trascendencia negativa en la lucha contra la corrupción y la impunidad reinante en nuestro país”, remarca la nota.Manifiestan que el abuso de poder en el ejercicio de la función pública para cometer hechos punibles, socava las bases del Estado de derecho y constituye un acto ilícito gravísimo, contrario a la Constitución. “Por lo cual debe ser investigado y castigado con condenas ejemplares por las autoridades de Justicia con prontitud, para desalentar la práctica”. Aseguran que la suspensión condicional del procedimiento significa impunidad, puesto que no permite sancionar los delitos de corrupción.

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