Diputados inician las tareas sobre pedidos de intervenciones

Las comisiones especiales de la Cámara de Diputados, conformadas para analizar los pedidos de intervención de distintos municipios del país, arrancan sus reuniones hoy.

Por ahora, existen seis municipios que se pretenden intervenir en el país, denunciados por múltiples irregularidades. El más polémico es el pedido para auditar la Comuna de Ciudad del Este, dirigida por la cartista Sandra McLeod de Zacarías. Además, otros municipios que están siendo investigados son La Colmena, Santa Rosa del Aguaray, Ñumí, Limpio y Mbocayaty del Yhaguy.

Recordemos que la Cámara Baja integró las seis comisiones especiales con 9 miembros cada una, entre los que están cuatro representantes del Partido Colorado, tres del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y dos de la tercera fuerza política, el Partido Patria Querida.

Posteriormente, cada comisión especial deberá elevar su dictamen al pleno de la Cámara de Diputados, en un plazo no mayor a 15 días a partir de la conformación.

Detalles. El diputado liberal Antonio Buzarquis, de Caaguazú, quien integra la comisión especial que analizará el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, afirmó que durante los trabajos se regirán por lo que establece la Constitución Nacional y la ley, que ya disponen los procedimientos para las intervenciones.

El legislador sostuvo que durante las investigaciones y las reuniones definirán cuándo convocarán a los concejales que deberán acercar sus alegatos y las documentaciones de las comunas y, seguidamente, a la intendenta Sandra McLeod, para que ejerza su defensa.

“Arrancamos con la tarea de análisis; existe una ley especial que establece el procedimiento de las intervenciones; la Carta Magna dispone igualmente los motivos por los cuales se pueden intervenir las municipalidades, y nosotros haremos el trabajo conforme a las denuncias ya presentadas”, explicó Buzarquis en comunicación con la Red Nacional de Radio Cámara

Igualmente, agregó que el dictamen que elevarán al pleno de la Cámara Baja no es vinculante y que finalmente la última palabra la tendrá el pleno.

Hay que precisar que para la intervención se necesitará de la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara, lo que representa el voto de 41 parlamentarios. El mismo número es requisito para la destitución de un intendente municipal, en cuyo caso la Justicia Electoral deberá convocar a nuevos comicios para reemplazar a las autoridades cesantes.

“Si se da la intervención el Ejecutivo designará a un técnico que tenga conocimiento sobre el manejo municipal, que en un plazo de noventa días deberá elevar un informe a la Cámara Baja, que deberá nuevamente votar por la destitución o no destitución del jefe comunal”, manifestó el diputado Antonio Buzarquis.

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