Diputados aceptarí­an hoy veto parcial a la ley de autoblindaje

Diputados aceptarí­an hoy veto parcial a la ley de autoblindaje

La Cámara de Diputados analizará esta maí±ana, en sesión ordinaria, si acepta o rechaza el veto parcial del Ejecutivo a la ley que reglamenta el artí­culo 201 de la Constitución Nacional “De la pérdida de investidura”, más conocida como ley de autoblindaje.

El tratamiento de la polémica normativa figura como segundo punto del orden del día.

 

El diputado Clemente Barrios aseguró que existe un consenso total para dar curso favorable a la objeción parcial del Poder Ejecutivo a la iniciativa parlamentaria.

El parlamentario recordó que el artículo 208 de la Constitución Nacional les obliga a aceptar o rechazar el veto parcial, pero que en la última parte señala que si un proyecto es objetado parcialmente, la parte no vetada de nuevo debe ser puesta a consideración y que se necesita mayoría absoluta de votos (41) para la aprobación.

Barrios aseguró que cuentan con los números necesarios.

Dictamen. La comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Ramón Romero Roa, dictaminó ayer a favor de la aceptación del veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional. La comisión asesora emitió un único dictamen que se basó, exclusivamente, sobre el estudio de la parte objetada. La parte no objetada, que habla sobre la mayoría calificada para la pérdida de la investidura, no fue analizada.

“Resolvimos aceptar el veto parcial del Ejecutivo que excluye la sentencia judicial como un requisito previo para la pérdida de la investidura. Creemos que el análisis que se hace a la perdida de investidura está vinculado a factores exclusivamente políticos con relación a la conducta del parlamentario y, en ese sentido, esperar una sentencia judicial, más allá de la realidad que vive nuestra justicia, es improcedente”, explicó Romero Roa. El Ejecutivo consideró que los parlamentarios que se encuentran investigados en un proceso penal solo podrán perder la investidura cuando el hecho quede fehaciente comprobado en un juicio.

 
 
 
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