Otra chicana de McLeod para suspender audiencia

Otra chicana de McLeod para suspender audiencia

CIUDAD DEL ESTE. La exintendenta Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista) recurrió nuevamente a chicanas para suspender su audiencia convocada para esta mañana a las 7:30.

McLeod trabó dos procesos en su contra en los juzgados de Ciudad del Este: uno por el caso de publicidad y otro por supuestas compras fraudulentas de alimentos.

La jueza Teresita Cazal convocó esta mañana a McLeod y a otros 4 procesados por lesión de confianza supuestamente involucrados en compra amañada de alimentos y otros artículos de la empresa fantasma “MG”.

Sin embargo, McLeod contrató al abogado Rubén Fernández para obligar a la jueza Cazal a apartarse del caso, ya que el defensor es su amigo y fue funcionario de su juzgado.

Con esa maniobra, la exintendenta logró suspender la audiencia de imposición de medidas. El expediente fue sorteado y derivado a la jueza Dólica Giménez.

McLeod fue imputada por la fiscala Josefina Aghemo por adjudicar millonarias licitaciones a la empresa de maletín MG, de Marcos Aurelio González Escurra (26), para compra de alimentos y desde productos de peluquería hasta pin de oro. Un informe de auditoría de la Contraloría reveló que no existe constancia de las millonarias adquisiciones en la Municipalidad esteña.

Por el mismo caso fueron imputados el exdirector de Finanzas de la Comuna David Espínola, la exjefa del Departamento de Desarrollo Social Nilza Paiva, el exjefe de Almecenes y Suministros Vicente Rodríguez y el presunto empresario González Escurra.

McLeod también había trabado la audiencia del caso Frontera Producciones, al alegar que fue notificada supuestamente fuera de plazo. La jueza Cazal rechazó la chicana, pero la defensa recurrió a la Cámara de Apelaciones.

Por el caso Frontera Producciones igualmente fue imputado el senador Javier Zacarías Irún, esposo de McLeod, en carácter de instigador y la fiscalía pidió su prisión su prisión preventiva.

Según la investigación fiscal, Frontera Producciones, de Carlos Bordón Bottino, fue adjudicada con licitaciones de casi G. 20.000 millones para publicidad en la Municipalidad. Gran parte del dinero presuntamente fue usado para la campaña electoral del clan Zacarías y habrían sido desviados G. 2.174 millones.

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