Aumento presupuestario exigirá al MEC mayores medidas de transparencia, según director

El director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), José Casañas Levi, reconoció que el pedido de un mayor presupuesto para el sector debe ir acompañado de un “sinceramiento de los gastos” que se están realizando indebidamente en la cartera de Estado.  

“Las dos cosas deben ir de la mano; no tiene sentido pedir mayor presupuesto si no se hace un trabajo interno en la casa”, expresó Casañas Levi en declaraciones a Radio Nacional del Paraguay, haciendo referencia al trabajo iniciado para depurar la lista de funcionarios y eliminar a los que cobran rubro de docentes sin asistir a clases.

En principio serían unos 1.200 los casos, sin embargo, más allá de la estadística actualmente están concentrados en la organización de los equipos para verificación de las denuncias, dijo.

Reconoció que se trata de un trabajo que llevará su tiempo, teniendo en cuenta que el MEC carece de un sistema informático mediante el cual se puedan constatar los datos.

Comentó que ya realizaron un pedido al Registro Civil y a la Justicia Electoral para verificar quienes son los que ocupan cargos electivos y que se tienen registrados con rubros en el MEC, y de ese modo constatar donde están prestando servicios.

“Si cobra un dinero por un servicio que no está prestando se incurre en el cobro indebido de honorarios, que es un delito. La persona que hace el control también tiene que informar que la otra persona no está asistiendo a su lugar de trabajo”, sostuvo.

En otro momento afirmó que la ciudadanía está colaborando con la cartera educativa, al acercar sus denuncias de supuestas irregularidades que se dan en sus comunidades y que deberán ser verificadas por el Ministerio de Educación.

Igualmente reconoció que el “planillerismo es un mal endémico” en la administración pública, particularmente en la educación donde el impacto es muy negativo, y puntualizó que los que están infringiendo en el cobro indebido de honorarios se exponen a cinco años de cárcel, además de devolver todo lo percibido irregularmente.

Además de los problemas de “planillerismo”, el Ministerio de Educación tiene que lidiar con la mala administración de los recursos destinados a la gratuidad escolar, por lo que pidió finalmente a la ciudadanía la colaboración denunciando el mal uso del dinero en las instituciones educativas.

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